Clasificada por The Economist Intelligence Unit como la segunda ciudad de América Latina por su calidad de vida, según el CIPER*, Santiago no está sin embargo libre de sombríos rincones. En más de 80 poblaciones, los habitantes viven día a día, en medio de traficantes, de peleas y ataques a mano armada.

Según una encuesta del CIPER (Centro de Información e Investigación Periodista), publicada hace poco, más de 660.000 personas vivirían en barrios peligrosos de Santiago, ahí donde ni las ambulancias, ni los carteros ni mucho menos los carabineros osan aventurarse, ya que las bandas de narcotraficantes son reyes y señores mientras que los vecinos deben vivir con miedo, escondidos en sus casas.

Muchos quisieran irse de allí, pero pocos lo logran, principalmente por razones económicas. La población Cuatro de Septiembre por ejemplo, fue identificada por la Policía de Investigaciones como una de las 171 poblaciones con mayor tasa de delitos graves de droga de la Región Metropolitana. Hace un año, 32 de sus habitantes estaban en prisión por reincidencia, lo que demuestra que sólo una minoría impone la violencia en la población, mientras que la mayoría de sus habitantes son trabajadores, dueñas de casa o estudiantes. Sus hijos están ya habituados a refugiarse en las casas cuando escuchan disparos, sus juegos y canciones tienen a la droga como tema central y saben donde, todas las noches, los traficantes se reúnen en la calle para intercambiar sus mercaderías.

Islas aisladas del resto de la ciudad
Lejos de los colegios, centros de salud, comercios, farmacias y bancos, estos sectores se han convertido en « zonas rojas » de los servicios públicos. No existen teléfonos públicos en las calles ya que las empresas se aburrieron de reinstalarlos y los cables clandestinos son un peligro permanente para los niños y adultos. Peor aún, muchos habitantes han simplemente muerto ya que ni la policía, ni los bomberos, ni las ambulancias se han aventurado en estos barrios a pesar de los llamados.

En la población Yungay de la Granja, los carteros han sido tantas veces atacados que sólo entran entre 10 y 13 hrs., horas en las cuales los maleantes en general duermen. En otros sectores, reclutan a habitantes de la población para distribuir el correo, y en Carol Urzúa de Puente Alto, depositan el correo en la iglesia.

Políticas sociales inadecuadas
Según el análisis del CIPER, el problema tiene su raíz en las políticas sociales del Estado que no son adecuadas. En 1979, el régimen militar liberó el uso de los suelos, lo que tuvo como consecuencia mejorar considerablemente la oferta cuantitativa de viviendas sociales, que se volvieron privados, pero el nivel de vida y la calidad de las viviendas dejaron de ser una prioridad.

Esta reforma provocó una explosión descontrolada de la construcción  a bajo costo en las periferias más pobres, lo que incrementa la marginalidad ya que junto con las viviendas no vienen ni colegios, ni centros comerciales y mucho menos hospitales. No se hizo más que exportar y diseminar el delito. Para la eliminar la delincuencia en La Legua, se transfirió la gente a la población El Volcán de Puente Alto, donde ahora todos los jóvenes andan armados en la calle. En El Castillo, en la comuna de La Pintana, es aún peor, ya que muchos departamentos han sido abandonados por sus propietarios que ya no soportaban vivir encerrados por razones de seguridad.

Mathilde Nicolaï (www.lepetitjournal.com Santiago) Lunes 22 de febrero de 2010.

Fuente el CIPER: artículo de Juan Pablo Figueroa, Jorge Sullivan y Matías Fouillioux, CIPER Fotos: Alejandro Olivares | 20 de Julio 2009 
*CIPER: Centro de  Información e Investigación Periodista: el CIPER es una institución independiente y con fines no lucrativos que realiza reportajes de investigación en Chile.